Cómo cambia el sistema de pensiones

El jueves 20 de marzo el presidente de la República, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, firmaron el decreto que promulgó la ley que reforma el sistema previsional, despachada el 29 de enero desde el Congreso.

La Ley entrará en régimen una vez cumplidos seis meses de su publicación en el Diario Oficial, lo que ocurrió el jueves 27 de marzo. Revisemos las características fundamentales del nuevo sistema previsional que considera una aplicación progresiva hasta su total implementación.

Aumento de la PGU

La Pensión Garantizada Universal (PGU) subirá a $250.000 según la siguiente programación:

• A los seis meses de haber sido publicada la ley, para las personas de 82 años o más.
• A los 18 meses de haber sido publicada la ley, para personas de 75 años o más.
• A los 30 meses de haber sido publicada la ley, para personas de 65 años o más.

Cotización de 7% adicional
con cargo al empleador

La Reforma de Pensiones incluye una nueva cotización del 7% con cargo al empleador, la que se suma al 1,5% actual de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, SIS.  Así, el empleador aportará un total de 8,5% de la renta imponible. La implementación de esta cotización adicional se materializará gradualmente en un lapso de nueve años, con posibilidad de extenderse a once años. En primera instancia, la transición se dará del siguiente modo: Año1, 0,1%; año 2, 0,1%; año 3, 0,25%; año 4, 1%, año 5, 1,7%; año 6, 2,4%; año 7, 3,1%; año 8, 3,8% y año 9, 4,5%

4,5% del aporte del empleador irá directamente a las cuentas individuales de los trabajadores, administradas por las AFP; a partir de los 20 años de la publicación de la Ley, este monto irá aumentando hasta llegar a un 6% a los 30 años. El 4% restante constituirá un Seguro Social que será administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional, FAPP, desglosado de la siguiente manera: 1,5% destinado al FAPP para financiar el Beneficio por años cotizados y la Cotización con Rentabilidad Protegida. Incluye garantía estatal al Fondo. Esta cotización es transitoria. A partir de los 20 años comienza a reducirse en un 0,15% anual, traspasándose a la cotización individual del trabajador, para completar el 6% anteriormente señalado.

Nuevo Seguro Social

El mencionado Seguro Social se financiará no sólo con el 4% aportado por el empleador, sino también con la contribución del Estado. Su objetivo es mejorar las pensiones actuales y futuras, reducir las brechas de género y permitir la solidaridad intergeneracional.

Este mecanismo entregará dos prestaciones:

• Beneficio por años cotizados: Mejorará las pensiones de los actuales jubilados y de quienes se pensionen en los próximos años asignando 0,1 UF por cada año que la o el trabajador registre de cotizaciones, con un máximo de 25 años. Se establece el requisito mínimo de 10 años cotizados para las mujeres y de 20 para los hombres. Esta garantía operará a partir del 1 de enero de 2026.
• Compensación a mujeres por mayores expectativas de vida:Se equiparará la pensión de una mujer y de un hombre que tengan el mismo nivel de ahorro, de modo que a los 65 años, con el mismo ahorro e igual grupo familiar, hombres y mujeres accedan a la misma pensión. La compensación tendrá un valor mínimo de 0,25 UF mensuales, aproximadamente $10.000.

AFP: Más eficiencia y rentabilidad

La Reforma de Pensiones pretende mejorar la eficiencia y rentabilidad de las AFP, incentivando la transparencia y la competencia -por ejemplo, a través de la licitación de stock de afiliados-; permitiendo la participación de nuevas gestoras como cooperativas, administradoras generales de fondos no bancarias AGF y cajas de compensación, entre otras; permitiendo que el Instituto de Previsión Social, IPS, preste servicios de apoyo y gestión de cuentas; poniendo fin a los multifondos y creando Fondos Generacionales; estableciendo premios y castigos a las administradoras en función del

Con este objetivo, la ley establece nuevos estándares e incorpora modificaciones en los procesos de denuncia, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Esto se traduce en la obligación para las empresas y el Estado de diseñar y establecer protocolos de prevención en esta materia -concepto, hasta ahora, ausente legislación-, conforme a las condiciones establecidas por la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso. Desde el punto de vista estatal, la ley enriquece las atribuciones de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República para desarrollar una investigación más eficaz y eficiente, que garantice los derechos y seguridad de los denunciantes.

A modo de ejemplo, el trabajador podrá denunciar ante su empleador, ante la Inspección del Trabajo o ante los respectivos tribunales laborales conductas como las siguientes:

• Restringir a un subordinado la posibilidades de hablar
• Separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar
• Prohibir a los compañeros que hablen con una determinada persona.

• Obligar a alguien a realizar labores en contra de su conciencia.
• Juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva.
• Cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador.
• No asignar tareas a un trabajador o asignarle tareas por debajo de sus capacidades.
• Asignar tareas degradantes a un trabajador.
• Asignar tareas con datos erróneos a un trabajador.
• No establecer comunicación directamente con un trabajador.
• Tratar a un trabajador como si no existiera.
• Criticar reiteradamente la vida privada de un trabajador.
• Terror telefónico realizado por el acosador.
• Dejar en ridículo a un trabajador.
• Insinuar que un trabajador tiene problemas psicológicos.
• Burlarse de las discapacidades de un trabajador.
• Imitar de forma burlesca los gestos y voces de un trabajador.
• Burlarse de la vida privada de un trabajador.